Alrededor de 250 mil casas de vacaciones y recreo de británicos podrían ser demolidas en España, según dijo la prensa local, pues el gobierno de la Península se propone derribar aquellas residencias, chalets, piscinas, bares, restaurantes, comercios y hoteles que han sido construidos a menos de 100 metros de las playas, lo que es ilegal.
Se calcula que un millón de británicos poseen casas en España. Pero los afectados con la decisión son los dueños de chalets en Alicante, Málaga, Canarias, Baleares, Murcia, Almería, Barcelona, Valencia, Cádiz, Granada, y otras poblaciones costeras.
De todos modos, el gobierno español indemnizará -aunque no en cien por ciento- a los propietarios.
De todos modos, el gobierno español indemnizará -aunque no en cien por ciento- a los propietarios.
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